“Las leyes injustas nunca deben obedecerse”. Montesquieu.
Como es sabido, Montesquieu no citó la Seguridad, la Sanidad o la Educación como el tercer poder, sino la Justicia, que, en sus propias palabras, es como una rueda de molino, pues siempre está moliéndose algo. En cambio, en España, tristemente, nunca ha interesado la Justicia. Al político, con frecuencia, no le importa que el sistema funcione o no, pues sólo espera que, cuando él, o los suyos, se encuentren en el punto de mira de los jueces, éstos le sean favorables, pese a quien pese.
Además, el único espacio temporal relevante para nuestros dirigentes son los cuatro años que duran las legislaturas y nombramientos de cada cual. No hay horizonte más allá del ejercicio del cargo. El problema es que hay cuestiones para las que se debe exigir al legislador que tenga altura de miras y visión de estado. No es de recibo la situación de la Justicia en este país. Si hay un principio básico de la democracia, éste es el de la división de poderes, que conlleva necesariamente el respeto a la independencia del Poder Judicial.
En cambio, la forma de elección del Consejo General del Poder Judicial que establece nuestra Ley Orgánica –nombramiento directo de ambas cámaras- deja poco lugar a dudas sobre la inexistencia de independencia alguna de los Jueces así como el evidente lawfare que soportamos, y, hasta tal punto es así, que desde hace seis años lidiamos con un Poder Judicial interino, pues las Cortes –nuestros representantes, nuestra voz- no han dado aún con un acuerdo para renovar el máximo órgano judicial, estando así actualmente el Consejo formado por 16 miembros de los 20 iniciales –dos dimisiones, un fallecido y una jubilación-, algunas salas del Tribunal Supremo no cuentan siquiera con quorum para “formar sala” en cuestiones esenciales para la creación de doctrina, hay 30 presidencias de Audiencias Provinciales y 7 de Tribunales Superiores de Justicia sin cubrir, además de las 100 vacantes de jueces pendientes de nombramiento.
Es más, como si de un país tutelado se tratara, ahora habremos de soportar la mediación de un comisario europeo, pues a los que toca trabajar para dar con una solución, no son capaces de resolver el entuerto. Si a ello añadimos las huelgas de este último año, los parones de la pandemia y el ya tradicional colapso de nuestros juzgados y tribunales, a nadie puede sorprender que los promedios temporales para la resolución de los procedimientos asusten a legos y expertos por igual. Lo que llega muy tarde no puede ser justo, pues ya ha producido un daño aún mayor al ciudadano, en forma de deterioro físico, patrimonial o moral. Además, sorprende que, cuando un nuevo proyecto político alcanza el poder, inicie una loable retahíla de reformas legales, sustantivas y procesales, para adecuar el estado de las cosas a su propia visión política, si bien, nadie repare nunca en el decadente estado de la Administración de Justicia.
Las últimas reformas digitales de los sistemas y procesos precisan de medios, materiales y humanos, para que sean eficaces. Los edificios se comienzan por los cimientos, no por las cúpulas, pero éstas son las que se ven. Y así nos va. Los que por motivos profesionales o personales nos acercamos al mundo de la Justicia no podemos sino mirar con envidia a nuestra Sanidad pública. No en vano, hace muchos años que las competencias de Sanidad corresponden a las comunidades autónomas, pero no así la Justicia, o no en todas las comunidades autónomas, principalmente por las dificultades de financiación y por la falta de consensos mínimos para lograr las transferencias. Como decía al principio, sin visión de estado no será posible que asistamos a mejoras sustanciales para nuestra Justicia, con la consiguiente merma democrática y del estado de bienestar que, para bien y para mal, pagamos todos.
Artículo publicado el 13 de Junio de 2024 en el diario
